El Ministerio de Educación, MEN,  entregó a la Procuraduría la propuesta de reforma estructural del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que busca superar las complejidades y desafíos en los procesos de contratación y ejecución que hoy tiene esta estrategia.

Según el MEN, "la propuesta, que contiene siete puntos y recoge aportes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación y actores del Sector Educativo, plantea soluciones tendientes a lograr que esta iniciativa de permanencia de niños y jóvenes en los colegios oficiales sea más eficiente y transparente, blindando los recursos y mejorando su financiación".

Yaneth Giha, ministra de Educación Nacional, aseguró que si bien el PAE tiene complejidades -que se deben superar a la mayor brevedad-, "este programa debe continuar debido a su incidencia en que los estudiantes sigan yendo a los colegios para formarse y tengan más oportunidades de lograr sus sueños a través de la educación".

La propuesta mantiene el principio de descentralización y fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales como su eje fundamental.

“Es claro que tenemos varios retos con el PAE, como focalizarlo en la población escolar que más horas permanezca en las aulas y que esté en condición de vulnerabilidad, ruralidad, discapacidad y en las zonas rurales dispersas; garantizar la estabilidad y oportunidad presupuestal de las fuentes de financiación que aporta la Nación, y contar con una figura administrativa que desarrolle las bases para la formulación de la política nacional de alimentación escolar, entre otros”, dijo la Ministra.

Estos son los puntos propuestos:

Generación de mecanismos que le den más transparencia en el uso los recursos: con estos se busca fortalecer el rol del gobierno escolar, especialmente el de los rectores de los colegios oficiales como principales veedores de la ejecución y promover la figura de interventoría, para aumentar la vigilancia y mejorar el seguimiento a la operación.

Administración de recursos en las 95 ETC: para que el PAE sea más eficiente y transparente, se unificará la administración de los recursos asignados desde la Nación a las Gobernaciones y los Municipios Certificados a las 95 ETC. Los dineros serán distribuidos a nivel municipal, pero serán ejecutados por las entidades territoriales, manteniendo el principio de descentralización y fortalecimiento de los entes territoriales.

Planeación a tiempo y estabilización de fuentes presupuestales: el Ministerio o el ente que lidere el programa enviará a las ETC en septiembre de cada vigencia la proyección de distribución correspondiente al Sistema General de Participaciones. Esta será parcial y soportada en una certificación que emitirá el DNP.

Fortalecimiento de la información  y de la focalización de beneficiarios: las ETC serán las encargadas de realizar el monitoreo a los reportes de cada institución educativa para garantizar el adecuado uso de los recursos, focalizar la población más vulnerable y el acatamiento de los procedimientos establecidos.

Descentralización de la minuta y adaptarla a las necesidades de los territorios: Las ETC podrán diseñar e implementar minutas con enfoque diferencial y territorial que cumplan con el aporte de energía y nutrientes por tipo de complemento, y tengan en cuenta hábitos y costumbres alimentarias de su región.

Plan de mejoramiento de infraestructura escolar: Luego de un diagnóstico que defina las condiciones reales de la infraestructura de los colegios oficiales, se estructurará un plan de intervención para mejorarla. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa se priorizará la construcción y dotación de espacios de cocina, comedores escolares y zonas de almacenamiento.

Gerencia del PAE: Se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio para la creación de una figura que administre el programa. Esta nueva entidad desarrollará las bases para la formulación de la política nacional de alimentación escolar, los lineamientos técnico-administrativos, unificará el seguimiento de la ejecución del programa y desarrollará modelos de costos que sirvan de guía a las ETC. Asumirá de manera temporal la administración del PAE, cuando las ETC demuestren incapacidad administrativa para hacerlo.